Han pasado 10 años y la joven que sufrió una violación múltiple en el caso de La Manada de los Sanfermines en 2016 ha reconstruido su vida, una mujer valiente que ha continuado con sus metas y sueños. Al otro lado de la frontera, Gisèle Pelicot intenta seguir la misma línea, rehacer su camino con sus 70 años, escribir libros y mantener encuentros reconfortantes. Dos historias escritas en espacios diferentes, pero entrelazadas en una misma época: romper con el mito de la violación y transformar la impunidad en una reparación justa. Pero, ¿cuántas mujeres valientes y niñas heroínas necesitamos para avanzar en derechos?
Hasta hace pocos años, las violencias sexuales tanto en España como en Francia eran tratadas como un atentado contra la moral, lo cual incidía especialmente en la reputación de las mujeres víctimas y las de sus familias. El Código Penal francés del año 1810, vigente hasta 1980 los denominaba “Atentados a las buenas costumbres” y el Código Penal español de 1973, en vigor hasta 1989, como “De los abusos contra la honestidad”.
Hoy, a pesar de que el derecho entiende que estos delitos afectan en realidad a la integridad de las mujeres y las niñas, así como su derecho a la salud sexual y reproductiva y a la libertad sexual, la norma social sigue esperando de ellas un comportamiento pasivo y “femenino” tanto para “no sufrir una violación” como si la han sufrido. En el caso La Manada en España, la defensa utilizó como prueba un informe elaborado por detectives privados que espiaron la vida privada de la mujer, indicando que hacía su vida “normal” y “sin cambios de hábito”. En la causa de Mazan en Francia, varios de los violadores se justificaron diciendo que como Gisèle dormía, pensaban que “era parte del juego”, cuando en realidad era un cuerpo inerte como consecuencia de la sumisión química administrada por su marido Dominque Pelicot.
Estos mitos de la violación y de la víctima ideal fueron desmontados de la mano de estas dos mujeres valientes. El hecho de que las víctimas deban demostrar su inocencia y sufrimiento y de que la violación difícilmente pueda darse en el seno matrimonial por parte de buenos padres de familia integrados en la sociedad, más bien forman parte de creencias sociales que perpetúan la cultura de la violación. También gracias a estas mujeres se ha puesto de manifiesto que una mujer que ha sufrido violencia sexual puede volver a tener una ilusión, a salir de fiesta con sus amigas, a tener pareja y a no tener vergüenza.
Incluso, tanto España como Francia han redefinido en sus legislaciones el delito de la violación basado en el consentimiento y no solo en el uso de la fuerza, tras estos casos. En España, la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, establece que para que se considere que hubo consentimiento en un acto sexual se requiere la manifestación expresa, libre y clara, de lo contrario se entiende que hay agresión sexual. En el caso francés, la Ley 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, señala que existe agresión sexual cuando hay un acto no consentido. Este consentimiento, explica la normativa, debe ser libre e informado, específico, previo y revocable y no puede deducirse únicamente del silencio o de la falta de reacción de la víctima. Prevé además la falta de consentimiento si el acto de carácter sexual se comete con violencia, coacción, amenaza o sorpresa.
A pesar de sus críticas, la definición de la violación bajo el consentimiento afirmativo ha conseguido un progreso significativo para entender que en las violencias sexuales no siempre se actúa bajo violencia o no siempre las que sufren pueden defenderse. De hecho, en el ámbito de la Unión Europea, más mujeres sufren violación bajo coacción o cuando no pueden negarse (8,3 %) que violación con uso de la fuerza o amenazas (4,8 %), según los resultados de la encuesta U-GBV publicada por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, 2026. Además, esta investigación estima que el 6,9% de las mujeres han sido víctimas de una violación perpetrada por su pareja sentimental, frente al 3,8% de las mujeres que la han sufrido por parte de alguien que no era su pareja.
La problemática de la violencia machista y sexual está estrictamente relacionada a los mitos e ideas preconcebidas que influyen igualmente en el tratamiento judicial. Entonces ¿cuántas mujeres valientes y sobrevivientes necesitamos para cambiar esta percepción social? Por el contrario, necesitamos medidas integrales que refuercen la prevención y una justicia que otorgue una reparación justa. Por ejemplo, un 7% de hombres en España y un 6% en Francia, todavía está de acuerdo con que un marido o novio tenga relaciones sexuales con su mujer o novia sin su consentimiento.
Mediante la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, España prevé disposiciones integrales ante la violencia machista, como medidas cautelares de protección, asistencia gratuita, ayudas económicas, la igualdad de trato en los planes de estudios, entre otros. En tanto que, a través de la Ley Orgánica 10/2022, se cuenta con Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de violencias sexuales. Aun así, durante el primer semestre el 2026 se han registrado en España unos 30 feminicidios y se denuncian 14 violaciones y 39 agresiones sexuales al día, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.
En ese sentido, en el contexto francés reciente ya no hablamos de mujeres valientes, sino de infancias abusadas y de impunidad. Desde junio pasado se intensificaron las movilizaciones masivas en todo el país para exigir una ley de marco integral contra las violencias sexuales a mujeres e infancias, tras la conmoción social causada por el caso Lyhanna. Una niña de 11 años de la localidad de Fleurance, violada y asesinada. El principal sospechoso Jérôme Barella, amigo de la familia, ya había sido denunciado por una madre en agosto de 2025, por la violación continuada de su hija de 10 años y pesaba contra él otras causas por los mismos delitos, pero tras permanecer cajoneadas en los tribunales, seguía en libertad.
A raíz del caso de Lyhanna, en el último mes el Poder Judicial de Francia ha detectado 70.000 denuncias no atendidas de violencia sexual contra menores, fueron reabiertos 1.350 casos y alrededor de 700 personas han sido encarceladas, en un país donde cada tres minutos, una niña o niño es víctima de incesto, violación o agresión sexual. Una Coalición Feminista conformada por asociaciones, sindicatos, juristas, defensores y defensoras de los derechos humanos y expertos y expertas han elaborado cerca de 140 propuestas legislativas, reglamentarias y presupuestaria para dar una respuesta global contra la cultura de la violación, la impunidad, la victimización secundaria y la prevención.
Entre las medidas solicitadas se encuentran una política pública continuada y coordinada; una inversión anual de 2.600 millones de euros para combatir la violencia sexista y sexual, de los cuales 344 millones se destinen a la lucha contra la violencia sexual; la educación y prevención; la lucha contra la industria pornocriminal y pedocriminal, la exigencia a los empleadores que asuman su responsabilidad en la prevención de la violencia sexual; la protección de las víctimas, atención y cuidados accesibles para todas las víctimas como la creación de centros de atención de urgencia las 24 horas del día y la especialización de los agentes policiales y judiciales en violencias sexistas y sexuales.
Leemos continuamente titulares resaltando que estos acontecimientos, el de La Manada, el de Gisèle y el de Lyhanna produjeron importantes transformaciones socio-jurídicas en materia de violencias sexuales. No necesitamos ni más mujeres valientes ni más niñas heroínas, sino mayor conciencia social y acción político-judicial.
